En un mundo perfecto, los derechos detallados en la Declaración Universal de Derechos Humanos serían suficientes para protegernos a todos. Pero en la práctica, ciertos grupos como las mujeres, los niños o las personas con discapacidad, se han encontrado más marginados a pesar de que las convenciones internacionales tienen por objeto proteger y promover los derechos humanos de tales grupos.

 

Los 70 millones de personas con discapacidad que hay actualmente en la Unión Europea -alrededor del 16% de su población-  carecen de las mismas oportunidades que tiene el resto de la población. Las personas con discapacidad se enfrentan a numerosos obstáculos físicos, técnicos y sociales para poder disfrutar de sus plenos derechos. 

 

Existen, por ello, muchas voces en Europa que piden que tras las elecciones al Parlamento Europeo, se perciban cada vez más cambios sociales en favor de la población con discapacidad. Según declaraciones de Ana Peláez, miembro del Comité ejecutivo del Foro Europeo de Discapacidad que aparecen publicadas en euractiv.es, página web dedicada a la actualidad de la Unión Europea, “las políticas deben ser sensibles a las diferentes problemáticas del colectivo y evitar así la discriminación que todavía existe”.

 

 

La introducción del Modelo Social se atribuye habitualmente al antiguo presidente de la Comisión Europea Jacques Delors, quien era partidario de una visión social dentro de la Europa unificada. La idea básica era que el progreso económico y el progreso social debían ser considerados como objetivos de igual importancia y que para conseguir una Unión Europea económicamente exitosa debería existir una agenda explícita de política social.

 

Se dieron por tanto los primeros pasos para incluir los derechos de las personas con discapacidad en la Agenda Social Europea y dotar a este sector de la población de derechos que antes no tenían. Más adelante, en el año 2007, España ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que fue adoptada por las Naciones Unidas en el año 2006. Esta Convención fue el resultado de un largo proceso, además de un nuevo instrumento que supuso importantes cambios para las personas con discapacidad.

Si bien es cierto que la acción europea ha dado grandes pasos hacia adelante y ha luchado por la integración de este colectivo, estos movimientos todavía no son suficientes para muchas instituciones nacionales y europeas. Para Ana Peláez, miembro del Comité ejecutivo del Foro Europeo de Discapacidad, “ratificar esta Convención no es el fin, es el inicio de todo un proceso para desarrollarla”. 

 

 

El Foro Europeo de Personas con Discapacidad (EDF) acaba de presentar su Manifiesto de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo, en el que reclama a los partidos que la discapacidad entre “de una vez por todas” a formar parte relevante de la agenda política europea.

 

Según ha declarado a ‘cermi.es semanal’ Carlotta Besozzi, Directora del Foro Europeo de la Discapacidad, “es preciso incluir una estrategia específica para fomentar el empleo, la inclusión social y la reducción de pobreza entre las personas con discapacidad”.

 

El EDF exige también que los candidatos al parlamento y los partidos políticos incorporen en sus programas electorales de cara a las próximas elecciones, la visión de una Europa “inclusiva, sostenible y democrática”.

 

Además, entre otras demandas, el EDF solicita a la Unión Europea una reforma “para proteger a los ciudadanos europeos con discapacidad, que no tienen la culpa de la crisis”.

 

El empleo, caballo de batalla para las personas con discapacidad, es otra de las importantes demandas que aparecen en el manifiesto del Foro Europeo. Respecto a este tema, Besozzi comenta que “a nivel europeo necesitamos tener una estrategia que forme parte de la estrategia de empleo general de la Unión Europea para que haya una mayor visibilidad en lo que se refiere a la búsqueda de empleo de las personas con discapacidad”.  

 

Por ello pide que se incorporen medidas específicas a favor de impulsar el apoyo para el empleo y unos sistemas sólidos de protección social. 

Según nos cuenta Carlotta Besozzi,  una de las prioridades de este manifiesto es “crear una Europa donde se puedan hacer más consultas y donde se revise el papel de las instituciones para hacerlas más democráticas, además de implantar más organizaciones para las personas con discapacidad y para la sociedad en general”. 

 

Además, Besozzi insiste también en que “se está luchando para poder reformar y así equilibrar los aspectos económicos y sociales en todos los Tratados de la Unión”.

 

 

Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la UE para la próxima década. Como explicó en la Comisión Europea su presidente,  Durao Barroso, “en un mundo en transformación, se pretende que la UE posea una economía inteligente, sostenible e integradora”. 

 

Concretamente, la Unión Europea ha establecido para 2020 cinco ambiciosos objetivos en materia de empleo, innovación, educación, clima/energía e integración social. En cada una de estas áreas, cada Estado miembro se ha fijado sus propios objetivos. 

 

Para Carlotta Besozzi, Presidenta del Foro Europeo de la Discapacidad, “alcanzar estos objetivos va a resultar muy difícil. Hay que cambiar algunas políticas sociales y económicas y hacer una política de inversión para poder llegar a ellos”.  

 

Respecto a este tema, Ana Peláez, miembro del comité ejecutivo de este Foro Europeo ha declarado en el portal de noticias euroactiv.es que “para que haya una estrategia común, única y coordinada, las instituciones europeas deberían crear un organismo paraguas que las aglutine a todas con el objetivo de que pueda luchar con más fuerza”.

 

Además, desde el CERMI proponen la suscripción por parte de las formaciones políticas del Contrato Europa Inclusión 2020, un compromiso por escrito con el movimiento asociativo de la discapacidad, con el cual se asume el horizonte de 2020 como tiempo límite para que la Unión Europea sea un área en la que la inclusión, los derechos y el bienestar sean una realidad para las personas con discapacidad. 

 

Nuestro país fue el primero que ratificó la Convención en Europa y el primero a escala mundial que presentó un informe anual sobre personas con discapacidad ante el Comité de Naciones Unidas en mayo de 2010.

 

Por lo tanto, podemos decir que España va por delante en lo que se refiere a este ámbito, y desde las organizaciones europeas se espera que esto sirva de ayuda para que otros países de la UE empiecen a trabajar por la ratificación.

 

Los eurodiputados españoles también tienen mucho que decir respecto al empleo y la discapacidad. Uno de ellos, Pablo Arias Echevarría, eurodiputado del Partido Popular Europeo, ha declarado al ‘cermi.es semanal’ que “ahora se está prestando mucha atención a las personas con discapacidad e incluso se han convertido en una prioridad. Estamos tomando muchas medidas para que las personas con discapacidad puedan acceder, por ejemplo, al entorno digital y por ello, al mercado digital”.  

 

Y vemos que poco a poco la discapacidad también se está introduciendo en las Instituciones Europeas, tal y como nos cuenta Miguel Ángel Martínez Martínez, Vicepresidente del Parlamento Europeo y Eurodiputado del Partido Socialista y Demócrata Europeo, S&D: “en el Parlamento Europeo, la única institución del mundo que funciona con 24 idiomas, hemos creado una escuela para intérpretes ciegos que realmente está funcionando muy bien. Ya hay, por ejemplo, intérpretes de 7 u 8 países que hablan varios idiomas y que trabajan en las cabinas del Parlamento Europeo en una iniciativa única lanzada por españoles”.

 

El CERMI, organismo independiente encargado de la supervisión y seguimiento en España de la aplicación de la Convención, en palabras de su directora, Pilar Villarino, cree que “en las políticas públicas se están haciendo avances aunque no tan rápido como se esperaba en un principio”.

 

Respecto al empleo, el CERMI pide la adopción de una Estrategia Europea de Activación de las Personas con Discapacidad que promueva el acceso y la permanencia en el empleo de personas con discapacidad. Además fija en 10 años “el objetivo de rebajar en 10 puntos la tasa de inactividad de las personas con discapacidad en cada país miembro de la unión Europea”.

 

Es evidente, por tanto, que el reto que tiene ante sí la Unión Europea en el sector de la discapacidad es enorme. Desde el Parlamento Europeo tienen presente esta realidad, de ahí que se estén volcando en la concienciación y explicación de los diferentes proyectos que tienen. Quizá, por tanto, tengamos que empezar por el reto de confiar en la Unión y no utilizar el voto en estas elecciones como un instrumento para castigar o premiar a los partidos nacionales sino votar para elegir “más o menos” Europa.

 

En cuanto a las instituciones europeas, el CERMI plantea la oportunidad de: crear una Comisión de Igualdad de las Personas con Discapacidad en el Parlamento Europeo; mantener la DG Justicia de la Comisión Europea bajo la responsabilidad directa de una de las vicepresidencias de la Comisión Europea; crear una Dirección específica sobre Discapacidad dentro de la DG Justicia de la Comisión Europea, con dotación financiera y de recursos adecuada y establecer una cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad en las oposiciones y otros procesos de selección de personal establecidos por las instituciones europeas, incluidas las estancias en prácticas.

 

En el ámbito del diálogo civil sugiere el establecimiento de la obligatoriedad de hacer informes previos de evaluación del impacto de cualquier norma o plan comunitario, con perspectiva de género, para determinar de antemano su efecto sobre las personas con discapacidad y sus familias. Además, propone la inclusión de las organizaciones representativas de la discapacidad en todos los órganos de participación y consulta de la UE que traten cuestiones de interés, directo o indirecto, para la discapacidad.

 

Y sugiere, ya como norma general, la aplicación transversal en todas las iniciativas comunitarias de los principios de inclusión, igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de los ciudadanos europeos con discapacidad, con especial atención a los fondos estructurales y de inversión.

 

Otra propuesta es la puesta en práctica en el primer año del nuevo mandato del Parlamento de un Plan de Choque de la UE contra la pobreza y la exclusión sociales, dotado suficientemente, con medidas extraordinarias contra el empobrecimiento de los grupos sociales vulnerados como las personas con discapacidad y sus familias. 

 

En temas de género, el CERMI también propone una serie de iniciativas, como es la aprobación de una directiva en materia de lucha contra la violencia de género, que incluya la perspectiva de la discapacidad, así como el compromiso real y efectivo por parte de las Instituciones Europeas de incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, entre otras propuestas.

 

Otra propuesta de directiva que surge de nuevo en el panorama europeo es la de igualdad de trato entre las personas, con independencia de su religión, creencias, discapacidad, edad u orientación sexual.

 

Y finalmente, el CERMI reclama el apoyo a la infancia y a las familias, teniendo en especial consideración el sobrecoste económico de la discapacidad para este colectivo.

 

Las propuestas del CERMI en materias específicas abarcan todos los ámbitos posibles de actuación comunitaria. Así, entra de lleno en todas las cuestiones de importancia para el sector: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Accesibilidad; Educación; Empleo y formación; Derecho a los servicios sociales; Ocio, Cultura y Deporte; Autonomía Personal; Contratación pública; Estadísticas; Cooperación al desarrollo; Responsabilidad Social Empresarial; Economía Social y Regulación sobre el juego.